La concertada prepara respuestas en los juzgados y en la calle al cerco del Gobierno

Las asociaciones de padres están dispuestas a recurrir a los tribunales y a tomar la calle contra la intención del Gobierno de restar peso al modelo


La intención del Gobierno de cambiar la ley educativa vigente, la Lomce del PP, para eliminar el criterio de la demanda social a la hora de planificar la oferta de plazas escolares aumenta la preocupación del sector pese a los llamamientos a la tranquilidad de la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Pese a que haya reiterado que no habrá consecuencias para los centros sostenidos con el concierto y que no existe ataque alguno, no se percibe así entre los padres ni el profesorado, que con diferente grado de vehemencia expresan la misma preocupación: se teme una especie de cerco, de presión, contra un modelo educativo que lleva décadas conviviendo con la enseñanza pública y que se caracteriza por el elevado apoyo de las familias en forma de matrículas. Ideas como la priorización de la enseñanza de titularidad pública o la desigualdad que se deriva de los concertados tampoco contribuyen al entendimiento.

LAS PROVINCIAS ha querido sondear el sentir del sector en la Comunitat, donde la red concertada acoge a más del 30% del alumnado, por encima de la media estatal, y en la que la polémica se prolonga ya varios años, con recortes en etapas postobligatorias, manifestaciones multitudinarias y numerosas rectificaciones en los tribunales.

Vicenta Rodríguez (E. Católicas): «La demanda social es un criterio objetivo»

La secretaria general de Escuelas Católicas de la Comunitat, una de las dos patronales, insiste en destacar «la complementariedad de la escuelas pública y la concertada». «No acabamos de entender por qué para poner en valor la primera se cuestiona o ataca la segunda. La demanda social me parece un criterio objetivo, respeta las preferencias de las familias y es una clave jurídica para defender que no se puede quitar arbitrariamente un concierto», dice.

«Se puede defender la enseñanza pública sin menoscabar el derecho de las familias, de todo tipo, que eligen la concertada. Es fundamental sentarse y dialogar, dejar claro que hay dos modelos. La ministra lo sabe porque viene del País Vasco, la comunidad donde más peso tiene la concertada», concluye.

Los sindicatos piden los mismos recursos que la pública para atender las necesidades del alumnado

Alberto Villanueva (Feceval): «Si hay demanda es porque lo que ofrecemos es bueno»

Villanueva preside la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-Cece), la otra patronal de la Comunitat. Dos ideas centran su postura. Cautela, a la espera de ver cómo se concreta la nueva redacción del artículo 109.2 (el que actualmente recoge la necesidad de valorar la demanda social en la planificación), y «preocupación por la insistencia» en suprimir el concepto. «No entendemos que quieran quitar una idea que, en realidad, sí defienden para muchas de sus políticas, como es contar con apoyo social», señala. No obstante, considera que es importante conocer el alcance de la modificación, por ejemplo, si afecta a la creación de nuevas unidades o a la renovación las vigentes.

«Las familias tienen derecho a elegir, más que un centro, un ideario, un proyecto educativo, si les gusta determinada oferta de extraescolares o si se sienten más próximos a unos profesores u otros. Y si la concertada es demandada es porque lo que ofrecemos es bueno», asegura.

Vicente Morro (Fcapa): «Hablan de dialogar, pero la medida ya está decidida»

La postura de la Federación de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) es contundente. «Mostramos nuestra oposición frontal en todos los sentidos a unas declaraciones que consideramos lamentables. Si tenemos que acudir a los tribunales, acudiremos, y si tenemos que salir a la calle saldremos», explica Morro. «La ministra insiste en el diálogo pero avanza medidas ya decididas. Es un brindis al sol. Debe dejar de engañar a la ciudadanía basándose en prejuicios, como que hay dos tipos de concertada o que se perpetúan desigualdades sociales. Si se quiere eliminar una garantía que respeta la voluntad de las familias, si se busca recortar derechos recogidos en sentencias y en la Constitución, no puedes decir que lanzas un mensaje de tranquilidad», añade.

«No permitiremos ningún tipo de recorte. La ministra insiste en no aceptar ajustes económicos como los derivados del real decreto de 2012, pero se empeña en recortar derechos de las personas», comenta. «Hay dos redes complementarias, no subsidiarias o residuales como se ha llegado a insinuar aquí en la Comunitat», concluye Morro.

«Si no se nos atiende, movilizaremos a las familias para salvaguardar nuestros derechos», dice Concapa

Julia Llopis (Concapa CV): «Estas políticas acabarán pasando factura al PSOE»

Llopis preside la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos a nivel autonómico, la más representativa en la concertada. «Al PSOE esta política le acabará pasando factura, son miles las familias que libremente eligieron o quieren elegir este modelo para sus hijos, más allá de sus ideas políticas», dice.

«Siempre se acaba hablando de lo mismo pese a la cantidad de frentes a abordar. Da la sensación, con esta insistencia sobre la eliminación de la demanda social, que hagamos algo mal, pero no es así. Así no conseguirán sus objetivos políticos o electorales, al contrario, darán alas a los partidos de la oposición. No aceptaremos recortes de derechos», advierte, antes de recoger la reflexión que ayer mismo trasladó Concapa a nivel nacional a través de su presidente, Pedro José Caballero. «Si no se nos tiene en consideración, movilizaremos a las familias para salvaguardar este derecho fundamental que nos asiste y que constantemente se está vulnerando».

Eduardo Hervás (USO CV): «Sólo hay un camino, la pluralidad de escuelas»

Desde la Federación de Enseñanza de USO CV valoran de manera positiva la voluntad de la ministra de promover la igualdad de ambas redes en la prestación del servicio educativo -Celaá insistió en equilibrar la atención del alumnado con necesidades específicas-, si bien «estas exigencias tienen que ir en paralelo con la financiación de los medios y los recursos», por ejemplo, con la inversión necesaria para que el concierto cubra el coste real del puesto escolar. En cuanto a la demanda social, Hervás recordó el «derecho inviolable a educar a los hijos conforme a las convicciones morales o religiosas». «Para ello sólo hay un camino: la pluralidad de escuelas, la libertad de elección de centro y la libertad en la elección de una asignatura de Religión o su alternativa».

Moisés Casa (Fsie CV): «Eliminar la demanda social es ponernos en cuestión»

Desde el sindicato mayoritario en la Comunitat consideran básico convocar la mesa sectorial para negociar las medidas, y creen que las declaraciones del martes no dan tranquilidad. «Querer eliminar la demanda social pone en cuestión a la educación concertada, que se caracteriza por ser muy solicitada entre las familias, que quieren educación de calidad», explica Casa. También recuerda que es un criterio recurrente en las sentencias judiciales sobre el mantenimiento de conciertos. «No se puede dejar de lado la filosofía de la Lode, que habla de un modelo dual para garantizar el derecho a la educación», añade. Además, aboga por la igualdad entre redes en cuanto a recursos: «La concertada atiende las necesidades de todo su alumnado con menos medios».

Fuente: Las Provincias

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